Directorio de Seguridad

Pareciera tendencia alrededor del mundo la necesidad gubernamental de mutar las protestas que las inconformidades de la ciudadanía de diferentes países generan; vemos cómo en diferentes países sin importar la ubicación geográfica las personas se levantan y se unen para protestar en contra de un sistema que al final de cuentas solo funciona para los menos dejando abajo a los más. En México el clima de inseguridad ha dado pie a que las protestas sean cada vez más frecuentes y más numerosas, lo que ha llevado al gobierno a tomar ciertas medidas.

Los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero provocaron una ola de manifestaciones que reclamaban el derecho de la ciudadanía a una vida segura y digna. No solamente en el Distrito Federal se movilizó la población, sino que en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Chiapas, Monterrey, Jalisco y por supuesto Guerrero las personas salían a las calles a reclamar el regreso con vida de los 43 estudiantes y cientos de miles de mujeres desaparecidas desde hace años.

Así pues, a la vista de las crecientes protestas en contra del gobierno, los partidos PRI, PAN, PVEM y Panal decidieron dale luz verde al dictamen sobre la movilidad social, que propone cambiar los artículos 11 y 73 en la Constitución para que, a decir de la nueva legislación “el Estado garantice el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”, lo que le da derecho a las autoridades para detener las manifestaciones por las vías necesarias para impedir el bloqueo de calles y la toma de avenidas en pos de una protesta social.

Legislaciones similares se han aprobado en otros lugares del mundo, la más popular por ser la más reciente es la Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó en España hace tan solo unos meses; esta ley impone una multa de hasta 30 000 euros por ofender a España y a las Comunidades Autónomas, lo que significa que en las protestas no se podrá escuchar ningún tipo de consignas en contra del gobierno.

Así, en México esta ley fue calificada como “ley antimarchas” por su naturaleza punitiva y por su oportuna (¿o inoportuna?) aprobación justo en medio de una vorágine de reclamos, molestias e inconformidades que llegaron a poner en evidencia una serie de corruptelas y malos manejos del erario público por parte de los servidores.

Se espera que se de otra oportunidad para analizar la aceptación de esta ley pues podría estar abriendo las puertas para que limitar otros tantos derechos fundamentales de la población mexicana.